Las situaciones de embargo judicial de viviendas con su posterior
subasta judicial produce, en ocasiones, situaciones que se pueden mover
en el borde de la legalidad, al entrar en conflicto distinta
reglamentación. Es el caso de las Viviendas de Protección Oficial.
El
Gobierno Vasco, al igual que la mayor parte de gobiernos autonómicos,
tiene en vigor leyes que están dirigidas a establecer los requisitos de
acceso a las Viviendas de Protección Oficial, así como los requisitos
que los interesados han de cumplir cuando se quiere proceder a la venta
de la misma.
El problema viene cuando la Vivienda de Protección Judicial es embargada y pasa al trámite de subastas judicial. En ese término nadie parece asegurarse de que se tengan en cuenta los requisitos establecidos por la legislación autonómica en lo que respecta a la venta especial de esos inmuebles.
Así encontramos que, como ha reconocido el propio gobierno vasco, se están produciendo subastas judiciales de Viviendas de Protección Oficial en las que se están adjudicando las mismas al mejor postor, saltándose de esta forma los requisitos previos de venta y adquisición que marca la legislación.
Esta circunstancia llega a tal extremo que, el gobierno vasco ha tenido que admitir que, no solo están ocurriendo esos hechos, sino que en muchas ocasiones no han sido ni informados de que se van a producir subastas judiciales de Viviendas de Protección Oficial embargadas.
El
Gobierno Vasco, al igual que la mayor parte de gobiernos autonómicos,
tiene en vigor leyes que están dirigidas a establecer los requisitos de
acceso a las Viviendas de Protección Oficial, así como los requisitos
que los interesados han de cumplir cuando se quiere proceder a la venta
de la misma.El problema viene cuando la Vivienda de Protección Judicial es embargada y pasa al trámite de subastas judicial. En ese término nadie parece asegurarse de que se tengan en cuenta los requisitos establecidos por la legislación autonómica en lo que respecta a la venta especial de esos inmuebles.
Así encontramos que, como ha reconocido el propio gobierno vasco, se están produciendo subastas judiciales de Viviendas de Protección Oficial en las que se están adjudicando las mismas al mejor postor, saltándose de esta forma los requisitos previos de venta y adquisición que marca la legislación.
Esta circunstancia llega a tal extremo que, el gobierno vasco ha tenido que admitir que, no solo están ocurriendo esos hechos, sino que en muchas ocasiones no han sido ni informados de que se van a producir subastas judiciales de Viviendas de Protección Oficial embargadas.
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