En el mundo de las subastas encontramos dos tipos principalmente: las
subastas privadas y las subastas judiciales. Mientras que las primeras
son promovidas por particulares o empresas que quieren dar salida a
determinados efectos para conseguir liquidez, las judiciales son
promovidas por la unidad de subastas de los juzgados.
Las
subastas judiciales son las que sacan a puja bienes embargados a
personas o empresas deudoras, con el objetivo de conseguir la liquidez
necesaria
para abonar a los acreedores la deuda. Como hemos dicho
anteriormente es la unidad de subastas de los juzgados la que realiza
éstas subastas.
La procedencia de los bienes en este tipo de
subastas es siempre el embargo judicial y
los bienes que se pueden
subastar pueden ser tanto muebles como inmuebles. En cada caso variarán
determinadas condiciones de las que marca la ley para las subastas
judiciales.
Cabe recordar que
las subastas judiciales se rigen
por la Ley de Enjuiciamiento Civil que es la que ofrece el marco
reglamentario bajo el que se amparan las subastas de bienes y derechos
embargados judicialmente. Estos bienes que antes dividíamos en muebles e
inmuebles se concretan, en el primero de los casos en maquinaria,
muebles, obras de arte, etc. En el caso de los inmuebles hablamos de
pisos, chalets, oficinas y locales comerciales, entre otros.
La
Ley de Enjuiciamiento Civil establece unas condiciones para poder
participar en una subasta judicial y que persiguen salvaguardar los
derechos tanto del deudor que ve sus bienes sacados a subasta como de
los interesados en participar en la misma. Así la primera de estas
condiciones consiste en identificarse de forma suficiente, esto incluye
la identificación de un tercero cuando se actúa en representación del
mismo.
La segunda condición
para participar en una subasta
judicial es declarar que se conocen las condiciones generales y
particulares de la subasta. De este modo se evitan conflictos que puedan
generarse tras la celebración de la misma, al sentir un interesado que
haya adquirido un bien que no tenía toda la información necesaria y que
esa falta de información le ha generado mayores gastos de los que
pensaba en la adquisición del mismo.
Por último
es condición
indispensable para poder participar en una subasta judicial el haber
realizado el depósito correspondiente en la Cuenta de Depósitos y
Consignaciones del juzgado. Este depósito se puede depositar en metálico
o bien se puede presentar un aval bancario. El importe del depósito
variará en función de si nos interesamos por bienes mobiliarios o
inmobiliarios.
En el caso de los mobiliarios el depósito asciende
al 20% del valor de salida de los bienes en subasta, mientras que en el
caso de los bienes inmobiliarios, dicho depósito se eleva hasta el 30%
del valor de tasación de los mismos.
Una característica
importante a tener en cuenta si queremos participar en una subasta
judicial es que el acreedor también puede participar en la misma y que,
además, contará con cierta ventaja frente al resto de participantes, en
función de si se subastan bienes muebles e inmuebles. Independientemente
del tipo de bien subastado, la primera de las ventajas con las que
cuenta el acreedor es que no tiene obligación de depositar la fianza
para poder pujar.
Como hemos dicho
existen diferencias a la hora
de subastar judicialmente bienes muebles o inmuebles. Comenzando por los
primeros nos vamos a detener, en primer lugar, en la forma de pujar.
Podemos encontrar, en este sentido, dos modalidades, la que permite
pujar por escrito, en sobre cerrado, que será abierto al inicio de cada
subasta; o bien la que permite personarnos en el juzgado para hacer las
pujas de forma oral.
Evidentemente el procedimiento de
adjudicación de los bienes es común a cualquier tipo de subasta y serán
adjudicados a aquel postor que ofrezca la mayor cantidad por el bien
subastado. No obstante conviene fijarse en la cantidad del 50% del valor
de tasación porque da una referencia a la hora de la subasta.
Efectivamente
si en el momento de la subasta existe una puja por encima del 50% del
valor de tasación del bien o bienes subastados y siempre que no exista
una puja mayor, el juez procederá a aprobar la adjudicación en lo que llamaríamos
el remate.
En ese momento el interesado tendrá diez días para pagar la
diferencia entre el precio de venta y el depósito efectuado.
Como
decíamos, el acreedor también puede participar en la subasta y en su
caso, si es él quien ofrece la puja mayor y termina haciéndose con el
bien subastado, pueden darse dos circunstancias. La primera de ellas es
que con la puja realizada se cubran las deudas que se mantienen con el
acreedor o incluso qu se supere esa cantidad. En este caso la deuda
queda saldada y si la cantidad pagada por el acreedor es superior a la
deuda, la diferencia se le abonará al deudor.
En el caso de que
la puja ganadora realizada por el acreedor no llegue a cubrir la
totalidad de la deuda, se entiende que el deudor sigue manteniendo con
el acreedor una deuda por la diferencia. Por ejemplo si se subasta un
equipo informático cuyo 50% de valor de tasación asciende a 1.000 euros,
para cubrir una deuda que asciende a 1.200 euros, y lo adquiere el
acreedor, existiría una diferencia a favor del mismo de 200 euros que se
contabilizará como deuda que aun se mantiene.
En todo momento
estamos hablando de pujas que superan el 50% del valor del bien
subastado, pero qué ocurre cuando la puja mayor no supera dicho valor.
Cuando ocurre esto, el mecanismo de las subastas judiciales permite al
deudor que presente a un tercero para que éste haga una oferta por
encima del 50% del valor de tasación. Para ello dispondrá de un plazo de
10 días. También se da la posibilidad de presentar una oferta por
debajo de dicho 50% siempre y cuando la cantidad sea suficiente para
cubrir la deuda.
En el caso de que transcurrido esos diez días el
deudor no presente a ningún tercero, el acreedor puede quedarse el bien
por la mitad de su valor o por el total de la deuda. En caso de que ni
deudor ni acreedor ejerzan ese derecho, el bien se adjudicará al mejor
postor con el único requisito de que su oferta sea superior al 30% del
valor del bien.
Ese 30% por el que se puede adjudicar el bien el
interesado en caso de que ni deudor ni acreedor ejerzan sus derechos
sobre el mismo, puede llegar a ser menor, siempre y cuando la cantidad
sirva para cubrir la deuda y las costas. Cuando no se da ninguna de
estas condiciones será el juzgado el que decida si se aprueba o no la
puja.
El último paso de todo el proceso viene cuando el juez no
aprueba la adjudicación por debajo del 30%. En este caso es el acreedor
el que puede reclamar la adjudicación del bien por el 30% del valor de
tasación. Si tras un plazo de veinte días el acreedor no ejerciera esa
opción, el juez ordenará el levantamiento del embargo del bien.
En
cuanto a las subastas judiciales de inmuebles la primera característica
tiene que ver con el valor de tasación ya que para el establecimiento
del mismo se restará las cargas y derechos que tenga. Si el valor
resultante es menor que el de las cargas, se procederá a levantar el
embargo del bien.
En caso contrario se iniciará el procedimiento
de subasta en el que hay que tener en cuenta que el procedimiento es
similar al de las subastas de bienes muebles pero que, en este caso,
el
primer porcentaje de referencia no asciende al 50% sino al 70%. Ese es
el porcentaje sobre la tasación que marca el remate o no del inmueble.
En
caso de ofertas por debajo de ese porcentaje se actuará, en todo caso,
como ocurría con los bienes muebles aunque en este caso el siguiente
tramo de porcentaje para la adjudicación del bien no es el 30% sino el
50%. Esto se aplicará para los casos de pujas inferiores al 70% y
siempre que el deudor no presente a un tercero ni el acreedor se
adjudique el bien por esa cantidad.
Entre todo este maremagnum
que pueden significar las subastas judiciales, la administración ha
hecho un esfuerzo para simplificar el procedimientos y hacerlo más
transparente. Para ello una de las mejores iniciativas tiene que ver con
la posibilidad de celebrar subastas online.
Este tipo de
subastas que se realizan en la web del Ministerio de Justicia,
concretamente en su Portal de Subastas Judiciales, funciona como punto
único de información en materia de este tipo de subastas así como forma
de efectuar un seguimiento a las diferentes subastas que se van
realizando.
Para poder participar en una subasta a través de la
web del Portal de Subastas del Ministerio de Justicia es necesario
registrarse como usuario con un certificado digital, o registrarse en
persona en una de las unidades de subastas adheridas a este sistema.
Gracias
a este método se consigue mayor transparencia y minimizar el impacto de
los llamados subasteros que tenían la fama de mover a su antojo el
desarrollo de las subastas incluso con el consentimiento de las
autoridades pertinentes. Para participar en estas subastas electrónicas
también es necesario realizar el depósito o presentar el aval.
